La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado, por 6 votos a 2, la especialización de un total de 54 juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, que a partir del próximo 1 de junio conocerán, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias (popularmente conocido como “hipoteca”) cuyo prestatario sea una persona física.

La competencia para conocer -en el territorio de la provincia o isla en la que tengan su sede- de los asuntos que ingresen a partir del 1 de junio relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Para ser más concretos: cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

El plan estará inicialmente en vigor del 1 de junio al 31 de diciembre de 2017, pero podrá prorrogarse en caso necesario.

Nosotros, desde Foro Abogados, compartimos y nos hacemos eco de las palabras vertidas por el Consejo General de la Abogacía Española, que dice: “La Abogacía considera que este plan produce un sobrecoste añadido sobre los ciudadanos debido a los necesarios y, en ocasiones, dificultosos desplazamientos motivados por el procedimiento judicial. Además, el plan propuesto por el CGPJ generaría una clara desigualdad entre la entidad financiera demandada y los ciudadanos, ya que los usuarios de productos hipotecarios necesitarían destinar más recursos económicos –añadidos a los costes de tiempo por desplazamientos- para defender sus derechos ante el Juzgado de Primera Instancia uniprovincial donde se diluciden los asuntos sobre cláusulas suelo en hipotecas.”

Dicho sobrecoste lo estamos viviendo día a día en los juzgados de toda la península ibérica, con una administración de Justicia ralentizada ya que, aún con el intento de digitalizar y hacer más ágil y flexible la comunicación con los juzgados y Tribunales, no se están poniendo las partidas presupuestarias oportunas para que ese deseo se convierta en una realidad; y, como consecuencia, no existen los medios y ni el personal humano capacitado de cara a la ejecución de lo aprobado por el ejecutivo.

Si para ese reto de tanta envergadura no se está priorizando y actuando con ahínco, las probabilidades de que sea un éxito la especialización de estos 54 juzgados en este tipo de procedimientos judiciales será prácticamente nula. Para ello nos aferramos a las palabras vertidas por asociaciones de jueces como de secretarios judiciales cuando afirman que “«Nos parece absolutamente inasumible, al no ser en modo alguno la mejor manera de lograr la correcta y necesaria formación de quien ahora se incorpora al desempeño de la función jurisdiccional”, desde la Asociación Profesional de la Magistratura; continúa diciendo que “puede ocasionarse el colapso de dichos juzgados desde el mismo momento de su nacimiento, y que las centenares de demandas que está previsto que correspondan a cada uno de ellos de toda la provincia pero no podrán tramitarlas por falta de medios”.

Sin embargo, lo que nos parece el meollo de la cuestión, por cuanto se refiere a que se cumpla con efectividad de cara a los ciudadanos el artículo 24 de la Constitución sobre tutela judicial efectiva son las palabras de la Asociación de Letrados de la Administración de Justicia, que considera “considera que no es lo más «adecuado» que estos jueces «sin experiencia» sean los encargados de resolver este tipo de cuestión «por mucha que sea la formación recibida». Y remarcan: «es alarmante que ni el CGPJ, ni el Ministerio de Justicia hayan puesto aún de manifiesto que personal estará adscrito a dichos juzgados especializados”.

Mientras tanto, como hemos comentado anteriormente, la digitalización de la Justicia sigue estando en stand by. Lexnet, por ejemplo, es un sistema aún muy defectuoso, de engorrosa utilización. Es una conclusión muy extendida y que tiene amplio consenso en todos los sectores de la Justicia (abogados, procuradores, fiscales, ….).

De seguir así, seguirá empeorando la confianza que los ciudadanos tienen hacia la administración de Justicia, lo cual es un grave riesgo que atenta directamente al corazón de una democracia consolidada, más aún en la cuarta economía del euro, España. Entendemos que la única solución posible al problema planteado es por un lado, una formación permanente, real y de calidad de todos los que trabajamos en la Administración de Justicia, que debe partir de los conocimientos sólidos y acreditados de los formadores, y, por otro, dotar de medios suficientes a jueces y fiscales para que puedan hacer su trabajo.

En definitiva, un Pacto de Estado por la Justicia en el que Asociaciones de Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales, de la Abogacía y Procuradores sean los protagonistas del contenido del mismo, siendo escuchados y que el Gobierno plasme en el BOE las propuestas a las carencias de quiénes hacemos posible la administración de Justicia día a día.

Por Luis Carlos López Pérez, miembro de Foro Abogados

Foto: Publico.es